Movilizaciones en los Registros Civiles

Estos señores, con el beneplácito e impulso de Rajoy que fue quien impuso a Gallardón su nombramiento, pretenden utilizar el servicio público del Registro Civil para apalancar una determinada posición institucional en el tráfico jurídico en beneficio particular, ante la posible liberalización de los servicios de los registradores de la propiedad impuesta por la Unión Europea. En pocas palabras, el Gobierno busca asegurar el negocio de los registradores de la propiedad, atribuyéndoles no sólo el Registro Civil, sino también, además de los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya tienen atribuidos, los de contratos de seguros con cobertura en caso de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos de última voluntad. El Colegio de Registradores de España se convertiría de esta forma en el Gran Hermano registral al que habrá que pagar desde que se nace hasta que se muere.

La posible atribución del servicio del Registro Civil a los registradores de la propiedad está causando graves discrepancias dentro de este colectivo. Tras reunir más de 300 firmas, los registradores que se oponen a este proyecto han forzado la celebración de una asamblea general del Colegio de registradores de la propiedad, la tercera vez que se convoca en su historia, y que tendrá lugar en Zaragoza entre los días 16 y 18 de abril. Estos registradores afirman que el Ministerio de Justicia, "con la excusa del Registro Civil se carga el sistema registral español". Aseguran que "la gran mentira es decir que esto es lo que queremos los registradores cuando no es así". Insisten en que el nuevo modelo hará que la seguridad jurídica se vea muy perjudicada a largo plazo y denuncian la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo esperan sostener el sistema, ya que aseguran que desde el ministerio les han informado de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito para los ciudadanos.

El Ministerio de Justicia niega que exista "privatización" del Registro Civil, pues afirma que si se ve desde una perspectiva jurídica se cambia a unos funcionarios por otros, por lo que no hay privatización. Pero si se contempla desde una perspectiva económica el servicio público del Registro Civil pasa de ser satisfecho con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a ser sufragado por los usuarios percibiendo los prestadores del servicio la contraprestación correspondiente, y no el Estado, y lo que recauden los registradores de la propiedad por los servicios del Registro Civil irá a su bolsillo, no a las arcas del Estado, y esto es privatizar. Convertir el Registro Civil en un negocio es privatizar.

En todos los países civilizados el registrador cobra un sueldo, que no es precisamente 20 veces el de un magistrado o 40 veces el de un inspector de Hacienda como en España, sino bastante menor. El ciudadano, al pagar el arancel correspondiente por un certificado de nacimiento, soportará un gasto injustificable en beneficio de unos pocos privilegiados. El director general de Registros y del Notariado, futuro beneficiario de la privatización del Registro Civil, presenta la medida como un sacrificio desinteresado de los registradores en el ara de la modernidad, cuando lo que hay es un saqueo al ciudadano perpetrado desde el Estado a favor de un grupo dominante, el lobby de los registradores de la propiedad. Si alguien se merece ser beneficiario del servicio del Registro Civil deben ser los jueces, secretarios y demás funcionarios de la Administración de Justicia que hemos llevado de forma mecánica y modesta este servicio público. Lo que no tiene sentido es inyectar 128 millones de euros en su digitalización tal y como ha hecho el Ministerio de Justicia, para ceder a continuación su explotación gratuita al colectivo de registradores de la propiedad al que pertenece el director general proponente. Esto sería lisa y llanamente un saqueo a las arcas del Estado.

Pero incluso desde una perspectiva jurídica sí que hay privatización: Los registradores de la propiedad, bienes muebles y mercantiles son funcionarios públicos del Estado, pero su carácter de funcionarios no viene determinado por el Estatuto Básico del Empleado Público ni por otra Ley Orgánica, sino por la Ley Hipotecaria. También los notarios son funcionarios públicos, y sin embargo ni las notarias ni los registros de la propiedad y mercantiles están integrados dentro de la estructura de la función pública en España. Son funcionarios públicos porque así los definen las normas que desarrollan el ejercicio de dichas profesiones, porque ejercen una función pública (la llevanza de los registros de la propiedad y mercantiles existentes en España y de las oficina liquidadoras de Distrito Hipotecario, los primeros; la fe publica notarial, los segundo) a la que acceden en virtud de una oposición. Pero ni les son de aplicación los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni sus retribuciones vienen regulada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o autonómicas como a todos los funcionarios públicos (cobran por arancel, y las ganancias netas de sus oficinas ingresan directamente en sus bolsillos). Ni están integrados dentro de la estructura de una Administración ni su personal son funcionarios públicos sino personas directamente contratadas por los mismos sin un proceso público selectivo obligatorio ni supervisión por parte de la Administración del personal que es contratado (hay algunos que cobran a porcentaje, es decir, no un sueldo, y las cantidades que en los años de boom inmobiliario han llegado a cobrar han sido en algunos casos absolutamente desproporcionadas con su categoría profesional puesto que muchos no son ni siquiera licenciados en derecho, o carecen de cualquier formación universitaria).

Nadie concibe a un funcionario público como dicen ser los registradores de la propiedad, que se pueda permitir el lujo que trabajar un día por semana, residir a 200 km de su lugar de trabajo, y cobrar las ingentes cantidades de dinero que han percibido hasta ahora, como algunos han hecho y hacen, haciendo de su función pública un privilegio particular.

¿Cómo se financiará el Registro Civil?

El Anteproyecto de Ley establece que "los registradores de la propiedad y mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo SUS HONORARIOS, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles". El Ministerio de Justicia cifra en 300 millones de euros anuales el mantenimiento del Registro Civil, a los que habrá que sumar los gastos destinados a los honorarios del registrador y su personal, y las instalaciones. Si al final todo se resuelve en un arancel o tasa destinada a sufragar todo eso, cabría hacerse algunas preguntas muy evidentes:

1º ¿Qué sentido tiene convertir al Registro Civil en un mal remedo del Registro de la Propiedad a un coste multimillonario?

2º Si se introducen aranceles o tasas por determinados servicios registrales, ¿por qué no las gestiona el Estado directamente, como hace con las tasas judiciales, y sirven para financiar el servicio público? ¿Por qué se quieren utilizar los aranceles para el beneficio privado de unos pocos, los registradores de la propiedad?

3º ¿Qué sentido tiene trasladar a otros puestos de trabajos a los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, para sustituirlos por otros que no son funcionarios públicos a los que habrá sufragar enteramente sus servicios?

Puede que al Estado no le cueste ni un euro al final el Registro Civil, pero lo que es evidente es que con este proyecto el usuario del Registro Civil va a tener que pagar, y bastante. En realidad, la política de austeridad del Gobierno del PP se reduce a liberar partidas de los presupuestos a cambio de que las paguen directamente los ciudadanos de su bolsillo, y en esto consiste precisamente la privatización de un servicio público. No debemos dejarnos engañar con frases como que se administrativiza el Registro Civil sustituyendo a unos funcionarios (judiciales) por otros (de la Administración). Los registradores de la propiedad son en este aspecto unos funcionarios muy especiales, tal y como se ha dicho antes. Pero en cualquier caso, pese al supuesto ahorro en las arcas públicas de esos 300 millones anuales, no por eso nos van a bajar los impuestos directos ni un euro.

El argumento que esgrime el ministerio como gran defensa es que no se va a cobrar por las inscripciones de nacimiento y defunción. Pero aunque termine siendo así efectivamente, el argumento es falaz y parcial:

1º Se va a cobrar por todo lo demás (certificados, expedientes, etc)

2º. Se va a pagar por el ejercicio de derechos fundamentales (matrimonio, nacionalidad, derecho al nombre como parte del derecho a la personalidad, etc), y en muchos casos se pagará dos veces, al notario y al registrador de turno.

3º. Se pagará por el acceso a los propios datos personales o los de la familia (certificados, etc). ¡Qué más da no pagar en el momento de la inscripción si luego se hace por duplicado

¡¡No a la privatización del Registro Civil!!

¡¡Por un servicio publico de Registro Civil, servido por personal de la Administración de Justicia!!

¡¡Acudamos todos a las concentraciones ante los registros civiles el 21 de marzo de 2013!!